La autovía de los noventa

La A-316, veinte años después, es la autovía de los 90.

Que nadie se llame a engaño. Denominada también Autovía del Olivar, que ahora irá desde Úbeda a Estepa como hace años iba a ir de Úbeda a Cabra (pasando por Jaén), es la gran obra publica en el eje transversal de Andalucía que no hace de Sevilla su razón de ser. Por eso es de los 90.

No se trata de ninguna obra adelantada a su tiempo. De la década de los noventa sólo el año 92 contaba y por eso sólo la A-92 se ejecutó. Y el AVE de Brazatortas.

En el caso de la A-316, del Olivar, los noventa hacen referencia a una cualidad y no a un momento.

Veámoslo con un ejemplo: Si se instaurara el anunciado sistema de control de velocidad por trayecto entre Úbeda y Torredonjimeno (unos 74 kilómetros), la media máxima que se podría alcanzar sin ser sancionado se situaría algo por encima de los 60 kilómetros por hora. Claro, se dirá, que hay muchos tramos en obras. Cierto. Pero si pudiésemos establecer un itinerario ideal que uniera estas dos poblaciones eliminando los tramos que no son A-316 o que están en obra, es decir, si recorriéramos los escasos 28 kilómetros de autovía que hay en servicio entre ellas veríamos que al incorporar los cuatro kilómetros más próximos a Úbeda, la velocidad media teórica máxima posible es de 94 kilómetros a la hora. Eso con un vehículo sin inercia, capaz de pasar instantáneamente de 40 a 60 km/h, de 60 a 80 o de 80 a 100 y a la inversa. Dicho de otro modo: sin incurrir en infracciones puntuales por exceso de velocidad la velocidad media real no superaría los noventa kilómetros por hora.

Es decir, la misma que podríamos alcanzar en una vía interurbana con arcén inferior a un metro de anchura.

Federico se dolía por el agua encerrada en un pozo. Nosotros, por las autovías que no dan a Sevilla, las de los 90, que tampoco desembocan.

Demasiado rollo

En la Puerta de Granada

Mirando hacia el sur desde cualquiera de las zanjas que se están abriendo en la Puerta de Granada y contando las casas que se pueden ver,  es fácil darse cuenta de que en esa obra hay algún exceso.

O se trata de una premonición urbanística o hay más rollo de la cuenta. Qué importa que todos tengamos un plan si algunos tienen un buen rollo.

«Intelijencia, dame / el nombre exacto de las cosas».

Vigilados

Tengo el vicio de leer cada mañana el BOE, el BOJA y el BOP. Y lo hago aunque no lea la prensa. Los boletines nos dicen algo del futuro. Los periódicos las más de las veces sólo son una manipulación -digo, interpretación- del pasado. Aunque también fabulan sobre el futuro. La noticia periodística de que la DGT dispondrá en otoño de un nuevo sistema de control de velocidad media me interesa. Se controlará la velocidad de los vehículos por tramos en lugar de hacerlo, como ahora, con las velocidades instantáneas. El ABC, El País, Público, La Razón o El Mundo interpretan, cada cual a su aire, el valor recaudatorio o no de la medida, su influencia -o su nula influencia- sobre la seguridad del tráfico y alguna noticia sobre los defensores y detractores de la medida.

Unos días antes de que esta noticia o este globo-sonda, que de todo hay en la viña del señor, saliera a la luz, el BOE publicaba la Orden EHA/2041/2009, de 16 de julio (BOE del 29)  en la que, en desarrollo de las medidas de lucha contra el fraude fiscal, establece una “Declaración informativa anual de consumo de energía eléctrica” en la que las compañías suministradoras (las que nos aplican la TUR y las otras) deberán facilitar anualmente la totalidad de los datos relativos a todos y cada uno de los contratos de suministro y, en concreto, a) Nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los contratantes, y, en su caso, de aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro de las correspondientes facturas. b) Referencia catastral del inmueble y su localización. c) Potencia nominal contratada y consumo anual en Kilovatios. d) Ubicación del punto de suministro. e) Fecha de alta del suministro.

No se trata  de los consumos superiores a un volumen concreto, ni de los que excedan determinada potencia, ni los que tengan finalidades comerciales o industriales. Todos. Los domésticos también. Y en soporte informatizado y validado.

Cuando pienso que la única forma de controlar la velocidad por tramos es reconocer (y almacenar supongo) automáticamente la totalidad de las matrículas de los vehículos en un punto concreto para volver a hacerlo unos kilómetros más adelante, lo que menos me importa es la multa que me puedan imponer. Me inquieta que el Estado, so pretexto de luchar contra los excesos de velocidad, almacene quizás indefinidamente nuestros pasos por distintos puntos de las carreteras españolas.

No recuerdo en los últimos veinte años haber sido denunciado jamás por exceso de velocidad. Tampoco recuerdo, desde que leí «1984», un entramado de control social tan intenso y tan poco respetuoso con la privacidad y la intimidad de los ciudadanos.

Stendhal confesaba a Balzac que, para coger tono literario y ser siempre natural leía cada mañana dos o tres páginas del Código Civil francés. Viendo el BOE y la prensa española  es evidente que en Francia hubo una revolución que en España ni nos hemos atrevido a soñar.

Parches

 

Por más rotondas que tenga, por más ilógico y disfuncional que nos parezca, por más peligroso que pueda resultar, por más chapucero que sea, no hay trazado que no puedan mejorar unas buenas señales de 40. 

Renegados, aunque amigos

A uno de esos amigos renegados que tenemos todos le ha faltado tiempo para mandarme un correo diciendo que este Gobierno le trae recuerdos, que hay una cartera sin ministro y varios ministros sin cartera.

¡Futboleros y renegados! Es gana de jorobar.

¡Como si no se hubieran cosechado los primeros éxitos tras la jura de los nuevos miembros del gabinete!

Algunos ministros, antes de tomar posesión efectiva del cargo, ya están cubriendo varios objetivos encomendados a sus departamentos.

Y si no, en un país en el que los recelos entre Comunidades han generado desconfianzas de todo tipo, provocando hasta el boicoteo en el consumo de algunos productos de la mayor calidad, ¿no es un éxito que en Andalucía se hayan hundido estas barreras? ¿No es un triunfo que en unas horas las reservas de cava se hayan agotado entre vivas al Ministerio de Cooperación Territorial?

Soluciones y remedios

Hace unos días MAFO, refiriéndose a la situación de algunas cajas de ahorros, dijo preferir las soluciones privadas a los remedios públicos. Por soluciones privadas entendía, sin duda, procesos de fusión en los que la solvencia de unas cajas compensara la debacle financiera de otras. Los remedios públicos, sin duda, serán lo equivalente al aval de 9.000 millones para la CCM.

Pero no hay que olvidar que en España las cajas de ahorros gozan de un régimen muy especial: cuentan con beneficios fiscales, tienen finalidades sociales que nadie acaba de saber en qué consisten y sus órganos de gobierno son elegidos por los poderes públicos correspondientes a su domicilio social. Frente a la banca privada tienen dos diferencias esenciales: carecen de propietarios y, en consecuencia, no reparten beneficios. A nadie.

En consecuencia, en la mayoría de las cajas nada es privado, pese a que para cohonestar su situación frente a la legislación de la Unión Europea se las considere como empresas desde un punto de vista operativo.

Así que lo que prefiere MAFO estaría muy bien si no fuera porque no hay solución privada que valga en las cajas de ahorros. Los beneficios que puedan obtener, en alguna medida propiciados por un régimen fiscal diferenciado, deben tener una finalidad social que no alcanzarán si se destinan a sanear otras cajas, sumidas en el caos por una gestión disparatada dirigida por órganos de gobierno designados por los poderes públicos.

En las cajas de ahorro toda solución privada es un remedio público. La distinción entre la solución y el remedio no es más que una paradoja.

Eubúlides se habría sonrojado al enunciarla. Él sólo dijo «miento» y por ello sigue siendo recordado (y admirado) dos mil doscientos años después. A MAFO, más envidiado que admirado, lo olvidaremos pronto.

Dice el diario El País que «los malos gestores de la Caja de Castilla la Mancha han pagado caro sus errores». Por su parte, el Sr. Ministro de Economía afirma que la intervención de la CCM «es más simbólica que económica».

Porque de símbolos y de economía sé lo justo me acojo a la memoria. Los 400 euros que dicen que se inyectaron en la nómina de cada trabajador para dinamizar la economía española costaron seis mil millones de euros. El Fondo Extraordinario de Inversión Pública en el Ámbito Local, llamado a orientar el mercado español hacia la actividad y el empleo, costará ocho mil millones de euros más. Me sorprende que sea la misma persona quien sostenga que invertir 8.000 resultará decisivo para la actividad y el empleo mientras que avalar 9.000 millones es meramente simbólico.

Como estoy preparando la declaración de la renta, que es lo mismo que haciéndome el cuerpo a pagar lo que sea y además devolver de golpe los 400 euros que creo me abonaron a plazos, de lo que sí estoy seguro es de que los que vamos a pagar con creces la mala gestión de la CCM vamos a ser nosotros y no Juan Pedro Hernández Moltó y sus compañeros del Consejo de Administración ni quienes los colocaron en esos cargos.

Cuando leo en la edición para Jaén de El Ideal que el Consejero de Agricultura y Pesca destaca que la futura Ley del Olivar “traerá medidas para asegurar la rentabilidad del aceite”,  no sé si hago algún comentario en voz alta sobre que la ley ya ha conseguido cambiar a un hombre en mujer pero que queda patente que no ha conseguido otros milagros. Lo cierto es que la Hermana (para colmo estoy de visita y ahí me ha pillado el chaparrón) me pregunta si es cierto que en España hay tres mil o cuatro mil leyes.

Le constesto que sí, que en España hay ya casi cuatro millones de parados.

Este domingo el reloj pasará de las 1h, 59m, 59s a las 3 AM.

Desde la primera gran crisis del petróleo en 1974, son muchos los países en los que sus administraciones han pretendido ahorrar energía a costa de secuestrar durante varios meses una hora a sus ciudadanos. Desde 1981 es obligatorio hacerlo en toda la CE. A partir de la Directiva 2000/84/CE, de 19 de enero de 2001, traspuesta e incorporada al derecho interno español por el Real decreto 236/2002, del 1 de marzo, este baile de horas va a ser para siempre. Sin embargo muchos niegan que haya ahorro significativo alguno.

Las cosas nunca cambian demasiado. En España ya se había puesto en práctica este sistema en dilatados y lejanos periodos del siglo XX.

Con doce años era criador de palomos y mi abuelo me lo decía: «comen oro y cagan plomo».

Cuando en 1996 se amplió la modificación horaria un mes más, llevándola hasta el último domingo de octubre, recordé sus advertencias.

Desde entonces siento este cambio horario como un trasunto del Estado. De la burocracia del Estado.

Nos cambian momentos de plenitud por otros de achaques y miserias. Nos devuelven rutina y vejez donde pusimos ideales y juventud.

Nos arrebatan primavera y nos devuelven otoño.

Cuando deseábamos el estallido de la descomunal pompa de jabón que era la burbuja inmobiliaria no sospechábamos que en su brillante superficie la casa que se curvaba era la nuestra.

La especulación, como la muerte, es algo que sólo incumbe  a los demás.

Demasiado tarde. Ahora que el paro, la recesión, la deflación y los impuestos sin freno nos acosan, vemos con claridad que todos habitábamos en aquel espejismo. Hoy en él sólo se encastilla el fisco porque la megalomanía administrativa únicamente puede sostenerse recaudando impuestos en aquel país de las maravillas, el que ya no existe. Devolveremos con creces el exorbitante precio que pagamos para vestir de consumo y burocracia nuestros sueños. Lo de menos será la hipoteca.

Pienso en todo esto  y oigo a unos y otros competir para vaticinar un cada vez más rápido hundimiento del sistema de pensiones. Parece el juego de moda. Diez años dicen algunos que aguantará. Cinco. Tres. Da la sensación de que alguien lo deseara.

Los que somos conscientes de que más de un treinta por ciento de las rentas del trabajo (de lo que quienes nos pagan contabilizan como costes laborales) se destinan a financiar la Seguridad Social y el sistema de pensiones, sabemos ya qué talle y rostro tienen los que en el 2012, 2015 o 2020 serán los siguientes desheredados de la tierra. Seremos nosotros mismos. Cotizantes actuales y futuros jubilados sin pensión.

El Gobierno nos advierte que el sistema de pensiones está en peligro.

No puedo evitar el recuento de estafas piramidales.

Me abruma pensar en todo esto. Sobre todo si se trata del futuro.

Entre 2004 y 2007 la presión fiscal aumentó en España 2,6 puntos, el segundo mayor incremento de la UE-15 según datos de la OCDE, alcanzando un 41% del PIB. En 2008 todo apuntaba a una reducción de una décima, pero se habrá quedado en agua de borrajas.

El Ideal de hoy anuncia en Úbeda subidas para este año de un 3′9% en el agua y un 4% en la basura.

Un blog de Úbeda advertía hace unos meses que la subida media del IBI en Úbeda para el año 2009 sería del 11,7% y para el 2008 de un 16′41% más (un 30′08% en 2 años, un 177′12% en10).

La memoria me falla, pero recuerdo en otros periódicos y en otros momentos advertencias sobre la subida de los demás impuestos municipales, siempre por encima del 4%.

El crecimiento del PIB para este año 2009 será negativo o muy negativo, a falta de que las previsiones sean inexorablemente pulverizadas por los valores reales.

Y sin embargo lo que pagamos por habitar en nuestra casa (IBI), por desplazarnos en nuestro coche (IVTM), por tener una cochera donde guardarlo, agua que beber, las calles limpias (¿las limpian?) y todo lo demás que pretendidamente nos proporciona el Ayuntamiento,  lejos de decrecer aumenta. La presión fiscal aumentará de este modo notablemente en Úbeda, además de lo que va a hacerlo en todas partes, puesto que ni se ha deflactado la tarifa del IRPF ni se han corregido los impuestos especiales, por ejemplo.

Una economía que crece a tasas negativas con una inflación que tiende a la deflación quizás no pueda soportar un crecimiento de los impuestos municipales a tasas anuales de entre el 3′9 y 11′7 por ciento en 2009.

Cuando el Gobierno nos recuerda lo que hay de inmoral en que las entidades financieras, que están siendo reflotadas con dinero público, fijen suelos a las hipotecas muy por encima del Euribor, necesitamos saber a quién tenemos que agradecerle que los impuestos crezcan sin medida y no conozcan techo alguno.